En entrevista con José León Valle, uno de los abogados que participaron en la reciente reunión con el presidente municipal de Arandas, se abordó un tema poco conocido por la ciudadanía, pero de gran importancia: el posible cierre del juzgado de primera instancia en el municipio.
El abogado explicó que la reunión giró en torno al futuro del juzgado, particularmente en las materias civil y familiar, ante la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027.
“Existe el riesgo de que el juzgado desaparezca en Arandas y que los asuntos tengan que trasladarse a Tepatitlán, debido a que actualmente no contamos con la infraestructura necesaria para operar bajo el nuevo modelo de justicia oral”, señaló.
Detalló que este nuevo sistema exige salas de oralidad con características arquitectónicas específicas, diseñadas especialmente para el desarrollo de audiencias, lo que implica una construcción desde cero y no la adaptación de espacios comunes.
De no cumplirse con estos requisitos, los casos de municipios como Arandas, Jesús María y San Ignacio —que conforman el séptimo partido judicial— tendrían que trasladarse a Tepatitlán de Morelos, lo que representaría un impacto negativo para la población.
“Ya vivimos una situación similar hace aproximadamente diez años, cuando los asuntos penales fueron trasladados a Tepatitlán tras una reforma constitucional. No queremos que vuelva a suceder ahora en materia civil y familiar”, advirtió.
Reunión con el presidente municipal
Sobre el encuentro con el alcalde, el abogado consideró que fue positivo y destacó la disposición mostrada por la autoridad municipal.
“Fue una reunión productiva. El presidente municipal se comprometió a dialogar con el presidente de la Judicatura, quien también encabeza el Supremo Tribunal de Justicia, para conocer el panorama y buscar soluciones respecto a la construcción del juzgado”, explicó.
Sin embargo, reconoció que el tiempo es limitado, ya que la infraestructura debe estar lista en menos de un año.
“Estamos trabajando a contracorriente. Se requiere construir y equipar el juzgado en menos de 11 meses, lo cual representa un gran reto”, puntualizó.
Además, advirtió que con esta reforma se contempla la posible desaparición de varios juzgados en el estado, por lo que existe preocupación de que Arandas pueda quedarse sin uno en estas materias.
¿Participación amplia o representación?
Durante la conversación también surgió el tema sobre si sería mejor que un grupo reducido de abogados representara al gremio en este tipo de gestiones. Sin embargo, el entrevistado consideró que la participación amplia genera mayor presión social.
“Cuando acuden pocas personas, las propuestas suelen ser ignoradas. En cambio, cuando hay una participación numerosa, las autoridades prestan más atención”, señaló.
Como ejemplo, recordó el proceso de municipalización de San Ignacio, donde la presión colectiva fue clave para lograr el objetivo.
“Si acudimos solo unos cuantos abogados, corremos el riesgo de ser ignorados. Es importante que haya más participación para que la problemática sea tomada con la seriedad que merece”, concluyó.