Arandas

No existen oficinas de empresa de termólisis en domicilio declarado

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Este es el supuesto domicilio de la empresa, una casa particular

Este es el supuesto domicilio de la empresa, una casa particular

Marcos Hernández Muñoz y Saúl Aguilar Quintana son los principales promotores del juicio de amparo, que junto con Ramón Sánchez García y el Dr. Ramón Hernández López, han presentado en contra del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco.

Noti-Arandas conversó con Marcos Hernández y Saúl Aguilar para conocer a detalle la motivación detrás del amparo y qué objetivos pretenden alcanzar, así como un inquietante descubrimiento por parte del notificador del juzgado encargado de atender el amparo.

Saúl Aguilar Quintana y Marcos Hernández Muñoz

Saúl Aguilar Quintana y Marcos Hernández Muñoz

“Platicando con los demás compañeros, tomamos la iniciativa de presentar un amparo para ver si es posible que detengamos este acto público de gobierno y lo hicimos porque consideramos que se están equivocando y que ese equívoco nos puede traer una consecuencia muy grave para la sociedad, para la salud de los arandenses y probablemente más allá y por eso lo estamos realizando.

Es importante que la sociedad tenga conciencia de que somos responsables también si permitimos que nuestras autoridades se equivoquen. Por otro lado te puedo decir que habrá quienes puedan pensar de diferente manera, yo prefiero que nos equivoquemos nosotros a que se equivoquen nuestras autoridades.

Si nos equivocamos nosotros como ciudadanos no pasa mucho, si nuestras autoridades se equivocan ahí sí es muy grave por la consecuencia de este proyecto de tratar la basura por medio de termólisis. Lo importante en este amparo es que precisamente de entrada se admitió porque todo procedimiento tiene su dificultad y puede ser sobreseído desde un inicio, no sucedió esto, se admitió, esa es una gran ventaja para nosotros como quejosos y como ciudadanos y como gobernados”, refirió el abogado.

-Sabemos que cuando se emite un amparo contra una institución o una persona, esta se notifica. En el Ayuntamiento dicen que no han recibido la notificación. ¿Ustedes qué procedimiento siguen para saber si avanza el litigio?
-La semana pasada fuimos a Guadalajara, el viernes, el Lic. Saúl y yo. Tuvimos a bien investigar precisamente qué había pasado con eso, es la etapa procedimental en la que vamos y efectivamente de ahí se desprende que ya en el juzgado de distrito séptimo en materia administrativa y laboral ya manda los oficios por vía correo solicitando a las autoridades responsables su informe, previo y justificado, tienen un término para cada uno de ellos. Estamos en espera de que les llegue aquí a la autoridad para que ellos a su vez remitan al juzgado de distrito sus informes, eso en cuanto a las autoridades.

El tercer interesado que es la persona moral con la cual están contratando las autoridades la planta de tratamiento de residuos a energía de Teotihuacán Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, esa tiene su domicilio conforme nosotros escuchamos en la sesión de cabildo que fue la última en la que se aprobó la concesión y firmar el contrato, escuchamos el domicilio de la empresa y se citó en la ciudad de Guadalajara en el número 2369 de la calle Fidel Velázquez en la colonia Jardines del Country, el juzgado de distrito ordena que se realice la notificación correspondiente al tercer interesado que es esta empresa, que es esta persona moral y el propio notificador del juzgado de distrito levanta una actuación muy interesante, que dice que en ese domicilio que lo dio la propia empresa o tercer interesado, no existe como tal. Ahí es un hogar, es una casa hogar nada más.

-En base a esto nosotros investigamos y efectivamente el domicilio es ese, lo tenemos por medio de un documento y aseguran que es el mismo. Su argumento es que no conocen las oficinas, pero sabemos que el licenciado Saúl Aguilar fue a corroborar y a traer una copia certificada de lo que está pasando. ¿Por qué no se encuentran en ese lugar las personas a las que se debe entregar la documentación?
-Como lo comentó el Lic. Marcos, el actuario del juzgado, el licenciado Jorge Arturo Villanueva Montoya se constituyó en tres ocasiones en el domicilio que escuchamos y señalamos como el del tercer interesado y el actuario pone que cerciorado de lo anterior o sea en cuanto al domicilio en virtud de constatarlo en la placa oficial colocada en la esquina más próxima sin que atendiera persona alguna ni llamado.

El amparo

El amparo

Se volvió a presentar el 18 de agosto de este año a las 21:10 horas y fue atendido por una persona del sexo femenino que no quiso proporcionar su nombre ni se identificó y esa diligencia fue con la intención de hacerle saber a la persona con la que se atendió el asunto, emplazar a la tercera interesada en este juicio de amparo y la señora contesta que ese es su domicilio particular y desconoce totalmente de qué se trata lo que le pretende notificar, consecuencia de eso el actuario elabora un documento que es su acta actuarial, y el juzgado nos dio un término de tres días para que proporcionáramos el domicilio actual y correcto de esa empresa.

La empresa que nosotros no conocemos de ninguna forma, la única referencia que se tiene es lo que se leyó en esa sesión de cabildo y de ahí obtuvimos esa información, nosotros desahogamos en tiempo y forma ese requerimiento, haciéndole saber al juzgado de distrito que el único domicilio que tenemos es ese que hemos señalado y justamente por haber sido materia de la lectura de ese contrato y que nosotros por lo tanto no tenemos más razón de ello y le solicitamos al juez de distrito que a su vez requiriera por los medios legales para que se tenga el domicilio auténtico de esa empresa y en su caso proceder ya al emplazamiento.

Esto definitivamente nos provoca inquietud en cuanto al asunto, porque si estamos hablando de una empresa que tiene un fin específico y no tiene un domicilio, no concibo que se haya podido celebrar un contrato con alguien que no se tiene la certeza de que el domicilio señalado efectivamente exista y le corresponda. Nos hace pensar que la autoridad fue sorprendida por parte de esta empresa señalando un domicilio que sabe perfectamente que no existe y un descuido en su caso por parte de la autoridad en no verificar un dato esencial respecto de la persona moral con la que pretenden firmar un contrato.

-¿No será una argucia para hacer caso omiso del amparo?
-Una argucia como tal si nosotros consideramos que eso lo hizo deliberadamente sí lo sería, si nosotros lo interpretamos en el sentido de que simplemente hicieron una manifestación de domicilio por cubrir un requisito y no entorpecer la firma del contrato se habla de mala fe por parte de esa empresa y de quien la represente, quien dice representarla y por lo tanto el poder afirmar que se trata de una argucia para no ser emplazado en el juicio sería muy aventurado de nuestra parte en ese aspecto.

-En conclusión las propias autoridades fueron engañadas, porque es un engaño no presentar un domicilio. Además, el Ayuntamiento pagó a un abogado para que corroborara la validez de toda la documentación presentada por la empresa. ¿Creen que se trata de un fraude?
-Pues la intención de defraudar va a depender obviamente de quien hace las declaraciones que en principio es la empresa, si esto llega a abarcar la intención de involucrar a una autoridad o al representante de una autoridad para que esto camine, hablamos de una maquinación de más de uno, que la empresa como tal no está representada por una persona física, sino por varios y éstos a su vez llevan un representante, involucran a la autoridad municipal por conducto del regidor de Ecología.

El Ayuntamiento contrata un abogado externo para la elaboración de un contrato y aquí es donde nos surge la suspicacia como se comentaba de que habiendo al menos por el Ayuntamiento más de una persona involucrada en la elaboración del contrato, no se concibe que haya pasado por alto un detalle tan básico, tan esencial que cualquier contrato de naturaleza civil o de cualquier otra índole implica el verificar la existencia del domicilio de la persona.

Porque no es posible que señale un domicilio y lo ponen literal como su domicilio actual el que ya mencionamos, con la reserva de señalar otros cuando esté funcionando la empresa que esperamos no suceda, y eso de hablar de una confabulación ya es muy peligroso porque todo implicaría un tinte de esa naturaleza si consideramos que ya hay más de una persona por parte del Ayuntamiento en el que le está dando impulso a un contrato que saben perfectamente no cuenta con los elementos básicos.

-¿Habría alguna sanción para estas personas, dentro de lo legal?
-La sanción que pudiera existir en principio se va a derivar del resultado del amparo por un lado, en una cuestión de carácter meramente administrativo, las sanciones de orden penal sí pueden generarse y que en su momento su etapa procesal va a implicar si el ministerio público interviene en un asunto de esta naturaleza, una vez que esté en condiciones de terminarla tendrá que mandar al Congreso del Estado su intención de ejercitar la acción penal correspondiente en contra de los servidores públicos que incurran en la responsabilidad que pudiera existir sobre ellos.

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